Gobierno del Presidente Abelardo De La Espriella exige esclarecer presunta filtración de información de la Defensoría del Pueblo al Eln

La información fue revelada por Noticias RCN, que se refirió a una denuncia relacionada con datos confidenciales de líderes sociales, defensores de derechos humanos y personas que se encontraban bajo protección del Estado. La investigación deberá establecer si efectivamente existió una entrega irregular de información y determinar quiénes serían los responsables.

De acuerdo con la investigación de Noticias RCN, el caso involucra al entonces defensor regional del Pueblo en Ocaña, Ever Jesús Pallares Baene, contra quien se habría presentado una denuncia que dio origen a las actuaciones preliminares de la Fiscalía.

Uno de los elementos que deberán ser esclarecidos es un mensaje amenazante recibido el 12 de febrero de 2025 por un defensor de derechos humanos, cuyo contenido habría incluido detalles precisos sobre su actividad humanitaria y jurídica.

Según la denuncia, esa información únicamente habría estado disponible, en tiempo real, para la Defensoría del Pueblo y el Ejército Nacional, por lo que las autoridades deberán establecer cómo esos datos pudieron llegar a manos del Eln y si fueron posteriormente utilizados para intimidar o poner en riesgo a defensores y líderes sociales.

La investigación periodística también puso bajo escrutinio los vínculos familiares de Pallares con Luz Amanda Pallares Pallares, alias 'Silvana Guerrero' o 'Ana María', señalada por las autoridades como integrante de la estructura del Eln que opera en el Catatumbo.

Noticias RCN reportó que existen fotografías en las que aparece el entonces funcionario junto a la mujer en actos relacionados con la entrega de personas secuestradas. Pallares, por su parte, ha rechazado que se trate de una relación de parentesco en los términos señalados públicamente y ha sostenido que se trata de una prima que tomó las armas hace más de tres décadas. 

El Gobierno Nacional considera fundamental que estos elementos sean examinados exclusivamente por las autoridades competentes y dentro del debido proceso. 

El parentesco, por sí mismo, no constituye prueba de participación en actividades ilícitas, y será la investigación judicial la que determine si existió alguna relación adicional con la organización armada.

La gravedad del caso radica en que la eventual utilización de información institucional para poner en riesgo a líderes sociales, defensores de derechos humanos o personas amenazadas comprometería directamente la confianza que los ciudadanos depositan en las instituciones encargadas de protegerlos. 

La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucional autónomo e independiente, pero esa autonomía no puede convertirse en un obstáculo para el esclarecimiento de hechos que puedan afectar la vida y la seguridad de ciudadanos bajo protección institucional. 

Por ello, el Gobierno Nacional respeta plenamente las competencias de la Defensoría y de la Fiscalía, pero considera indispensable que la investigación avance con máxima celeridad, rigor y transparencia.

En medio de la controversia, la Defensoría del Pueblo confirmó la salida de Pallares de su cargo y señaló que su renuncia busca preservar la confianza institucional y permitir que las actuaciones de las autoridades avancen sin interferencias. 

Posteriormente, Pepe Ruiz Paredes, defensor regional de Norte de Santander y superior de Pallares, también presentó su renuncia. La salida de ambos funcionarios se produjo en el contexto de las revelaciones sobre la investigación y las denuncias de presunta filtración de información.

El Gobierno del Presidente Abelardo De La Espriella considera que la protección de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y ciudadanos amenazados debe estar por encima de cualquier consideración política o institucional. 

Por esta razón, solicita a la Fiscalía General de la Nación esclarecer de manera integral el origen de la información presuntamente filtrada, determinar si esta llegó al ELN, establecer si fue utilizada para amenazar o afectar a ciudadanos y, de comprobarse conductas delictivas, llevar ante la justicia a todos los responsables, sin excepciones.

La defensa de los ciudadanos y la seguridad de quienes confían en el Estado no pueden ser objeto de negociaciones.

En la Patria Milagro, ninguna institución puede convertirse en fuente de información para las organizaciones armadas ilegales. Quien utilice información pública o reservada para favorecer al terrorismo o poner en riesgo la vida de los colombianos tendrá que responder ante la justicia, con pleno respeto por la Constitución, la ley y el debido proceso.